Por: Hugo Ricardo Barrientos Orrego.([*]) La crisis ambiental, manifestada en recientes episodios desafortunados en nuestro país, que no han encontrado respuesta eficiente por parte del gobierno, reclama la evolución del Estado, para dar paso a una nueva estructura jurídica que responda a las necesidades de la colectividad. No puede ni debe estar condicionada la actuación […]
La crisis ambiental, manifestada en recientes episodios desafortunados en nuestro país, que no han encontrado respuesta eficiente por parte del gobierno, reclama la evolución del Estado, para dar paso a una nueva estructura jurídica que responda a las necesidades de la colectividad.
No puede ni debe estar condicionada la actuación estatal en defensa de los derechos fundamentales de esta y de futuras generaciones, a los intereses de ningún poder ni grupo de poder, estas tienen que responder a los principios del “Estado de bienestar” que es el que prescribe nuestra Constitución Nacional, pero no con la evidencia necesaria como para ser eficiente.
El Estado Ambiental de Derecho, que incluye entre sus principios a la solidaridad y la equidad intergeneracional, dará soporte a los demás derechos contemplados en la constitución y en las leyes en defensa de los derechos colectivos, dará una nueva orientación a las funciones del estado, a los objetivos de las leyes ambientales y al rol del sector privado en las políticas públicas de desarrollo, lo que redundará en la efectiva vigencia de nuestros derechos ambientales y nos pondrá en la senda de la sustentabilidad.
Las formas tradicionales de Estado Social o Estado de Derecho, que nos rige actualmente, si bien de manera implícita, envuelven íntegramente a los derechos ambientales, por tratarse este de un derecho eminentemente social, no logró ser eficiente para la defensa de los derechos ambientales en nuestro país, debido a los intereses que se le oponen, y la debilidad o desidia del estado para hacer cumplir sus postulados.
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