Los tremendos escándalos que se han sucedido en los últimos días en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en el Consejo de la Magistratura (CM) y en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) reflejan el deplorable estado de la administración de Justicia, como resultado de la pésima calidad moral e intelectual de gran parte de sus integrantes. Concierne a nada menos que tres órganos constitucionales encargados, respectivamente, de dirigir el Poder Judicial, de elaborar las ternas para designar a sus miembros y a los del Ministerio Público, y de juzgar tanto a los jueces como a los agentes fiscales, entre otros. Si entre ellos tratan de manipularse o perjudicarse, cabe preguntar en manos de quien está “el común de los mortales” en nuestro país.
Los tremendos escándalos que se han sucedido en los últimos días en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en el Consejo de la Magistratura (CM) y en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) reflejan el deplorable estado de la administración de Justicia, como resultado de la pésima calidad moral e intelectual de gran parte de sus integrantes. Concierne a nada menos que tres órganos constitucionales encargados, respectivamente, de dirigir el Poder Judicial, de elaborar las ternas para designar a sus miembros y a los del Ministerio Público, y de juzgar tanto a los jueces como a los...
Cuando salen a la luz fechorías como estas resulta inevitable suponer que muchas similares se habrán venido cometiendo sin que los justiciables se hayan enterado. Lo peculiar de estas iniquidades sería solo que estallaron en el breve lapso de dos semanas, como si el hado hubiera querido reunirlas para recordar al país la podredumbre reinante. El caso de la CSJ –se quiere forzar al ministro Eugenio Jiménez Rolón a ocupar la vicepresidencia 2ª– es uno de los más repugnantes de las últimas décadas, según surge del testimonio del afectado: “Acá hay amenazas y todo (...) Después de la amenaza...
Ni la Constitución, ni el Código de Organización Judicial, ni la ley orgánica de la CSJ ni su reglamento interno autorizan a los ministros a imponer cierta función a uno de ellos: la vicepresidencia 2ª no es una carga pública, esto es, un servicio que debe prestarse gratuitamente al Estado, porque así lo manda una normativa. La referida advertencia implícita aludiría a un juicio político, como si este dependiera de la voluntad de la mayoría de los miembros que insiste en vulnerar la de un colega. La ministra Llanes alegó que en democracia rige la decisión mayoritaria, olvidando agregar que,...
Por lo demás, la presunta motivación del atropello resulta perversa, ya que consistiría en impedir que el ministro Jiménez Rolón sea el próximo presidente de la CSJ, como si para ello no bastaran los votos contrarios de la actual mayoría.
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