El anuncio sobre que el 29 de febrero se inicia del registro de “beneficiarios finales” (accionistas, directivos y otros de sociedades comerciales y entidades de todo tipo) ya genera preocupación.
Al respecto, fuentes oficiales han explicado que los “beneficiarios finales” son aquellos que ejercen el control final de la sociedad o unidad jurídica, y son estas sociedades las que deberán informar o actualizar los datos de los mismos. Todo esto apunta a un mejor control antilavado, según se desprende del decreto N° 3241/2020, que reglamenta la Ley N° 6446/2019, que crea el “Registro administrativo de personas y estructuras jurídicas y el registro administrativo de beneficiarios finales del Paraguay”.
El primer vencimiento será el 29 de febrero para aquellas unidades jurídicas cuya terminación del RUC sea entre 0 a 3; el segundo vencimiento (4 a 6) fue fijado para el 31 de marzo y último (7 a 9) quedó establecido para el 30 de abril.
Por ahora los registros se harán directamente ante la Abogacía del Tesoro, por vía electrónica, pero más adelante quedará a cargo de una Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas, que está en formación.
Diana Benítez, jefa de dictamen de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Lavado de Dinero (Seprelad), detalló que estas informaciones aportadas por los sujetos obligados serán cruzadas en controles realizados para la lucha antilavado y podrán tener acceso al mismo entes como SET, Seprelad, Ministerio Público, Superintendencia de Bancos (SIB), Incoop, Comisión Nacional de Valores etc. a fin de verificar la veracidad de los datos.
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