El presidente Santiago Peña firmó con su par brasileño, Lula Da Silva, un acuerdo tarifario, pactado para tres años, 2024, 25 y 26. Demostramos en seis artículos anteriores que dicho acuerdo traerá millonarias pérdidas a los dos Estados signatarios del Tratado de Itaipú.
Los perjuicios financieros a la ANDE son los inmediatos; luego tenemos los englobados dentro del concepto de “apropiación patrimonial”, es decir, la devaluación, el vaciamiento o el perjuicio del patrimonio de nuestro “buque insignia”. Pero existen algunos efectos colaterales, o quien sabe, principales, derivados de los gastos sociales, conocidos como “discrecionales” al no pasar el filtro del Congreso Nacional mediante el PGN.
En ese sentido se puede considerar la alevosa campaña política permanente que realizan con ese presupuesto inflado. Pero, en esta entrega se pretende considerar aquellos perjuicios derivados de la tarifa que aplica la ANDE a los usuarios; tanto la residencial, la comercial, así como la industrial.
Pasemos entonces al siguiente tema que, probablemente, abrirá otra ventana energética de debate, las tarifas de la ANDE aplicadas a los usuarios paraguayos. En este punto y teniendo en cuenta el costo-beneficio, podemos concluir que el ente estatal tiene una baja rentabilidad debido a dos problemas principales: su mala gestión (30% de pérdidas o energía no facturada), además de su permanente mala negociación tarifaria en Itaipú. Por otra parte, considerando que el servicio eléctrico es transversal a toda la vida pública, podemos afirmar que a los usuarios que pagan puntualmente este...
En el promedio total de la tarifa residencial, la ANDE determina la suma de G. 411,51/KWh; es decir, US$ 52,69/MWh aproximadamente. En la comercial determina G. 389,57/KWh; es decir, US$ 49,94/MWh; mientras que en la tarifa industrial consigna en G. 296,56/Kwh; es decir, US$ 38,02/MWh. Recordemos que la tarifa de Itaipú, en el Acuerdo Santi-Lula, es de US$ 37,38/MWh, mientras que la tarifa social de la ANDE, desde 101 a 200 KWh es US$ 26,4/MWh, que pagan los del estrato social desfavorecido, sean de la pobreza convencional y de la extrema.
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