Violando la Ley N° 6299/19 y el reglamento del propio Consejo de la Magistratura, presidido por el diputado Roberto González (ANR), sus miembros procedieron a designar la terna para elegir un ministro de la Corte Suprema de Justicia. Haciendo un flaco favor a los integrantes de la terna elegida –Delio Vera Navarro, Gustavo Santander y César Diésel– el Consejo hizo lo bastante, pues, para que la gente crea que fue conformada para satisfacer pretensiones ajenas a la correcta administración de Justicia. Si no hay transparencia, lo resuelto se torna sospechoso, más aún cuando se vulnera una ley que la exige, en su letra y en su espíritu. Por otra parte, también cuando se obvia un reglamento para ensayar un procedimiento cualquiera, mediante el que se altera una conclusión que debería ser definitiva, se da pie para que el desenlace sea impugnado vía judicial. Nuevamente, el Consejo prestó así un pésimo servicio a la República, con su burla y menosprecio a uno de los pilares del sistema democrático, como lo es la Justicia.
El art. 2° de la Ley N° 6299/19 dispone que las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo de la Magistratura en las que se trate, delibere o decida sobre la conformación de las ternas de candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia, sean públicas y transmitidas en vivo a través de medios audiovisuales de fácil acceso para la ciudadanía; los consejeros deben “fundamentar oralmente” sus decisiones al respecto. Esta norma fue lisa y llanamente ignorada en la sesión del último lunes, en la que se realizó una “evaluación cualitativa integral” de los postulantes para adjudicarles...
Los consejeros dilataron el oscuro procedimiento, inventando nada menos que cuatro pasos adicionales; cada uno de ellos sacó de la galera doce candidatos, de los que fueron preseleccionados los diez más votados y luego seis. Como dos de ellos –Diésel y Vera Navarro– ya habían logrado el puntaje mínimo para integrar la terna, hubo un triple empate con respecto al tercero. Habiéndose dado un nuevo empate entre dos de ellos –ninguno de los cuales había tenido al menos 6 votos–, el senador Bartolomé Ramírez (PLRA) revió su decisión para apoyar a Santander, con lo que se puso fin a la grotesca...
En cuanto a la “notoria honorabilidad” de la que habla la Constitución, ¿se pidieron informes a algunas organizaciones intermedias para juzgar si los candidatos gozan de prestigio social? Como nada de esto se sabe, bien puede presumirse que las inconfesables presiones políticas fueron el factor decisivo. “Lo de la terna es una sorpresa... Había gente con mayor puntaje. Por supuesto que vamos a dialogar entre todos los (senadores) colorados para ver a quién elegimos. Gracias a Dios, que toditos son colorados los que están en la terna, me parece”, declaró el senador cartista Antonio Barrios,...
Haciendo un flaco favor a los integrantes de la terna, el Consejo hizo lo bastante, pues, para que la gente crea que fue conformada para satisfacer pretensiones ajenas a la correcta administración de justicia. Si no hay transparencia, lo resuelto se torna sospechoso, más aún cuando se vulnera una ley que la exige, en su letra y en su espíritu. Por otra parte, también cuando se obvia un reglamento para ensayar un procedimiento cualquiera, mediante el que se altera una conclusión que debería ser definitiva, se da pie para que el desenlace sea impugnado vía judicial.
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