Cuando se aprobó la llamada “ley de bicicleteo” del IPS a fines de 2022, que le autorizó al Fondo de Salud a tomar préstamos para ponerse al día con sus proveedores y normalizar el flujo de medicamentos, se hablaba de una deuda vencida de 230 millones de dólares. Dos años después, la provisión de medicamentos sigue tan carente como siempre, pero ahora, junto con otros saldos, se habla de una deuda vencida de 900 millones de dólares. Decimos “se hablaba” y “se habla” porque, justamente, uno de los gravísimos problemas es la falta de transparencia. No se sabía a ciencia cierta entonces y no se sabe ahora cuánto se debe, a quién se le debe, en qué concepto. Todo entra dentro de un enorme agujero negro con un espacio demasiado amplio para la discrecionalidad y, por ende, la corrupción.
Cuando se discutió y se aprobó la llamada “ley de bicicleteo” del Instituto de Previsión Social a fines de 2022, que le autorizó al Fondo de Enfermedad y Maternidad, o Fondo de Salud, a tomar préstamos para ponerse al día con sus proveedores y normalizar el flujo de medicamentos, se hablaba de una deuda vencida de 230 millones de dólares. Dos años después, la provisión de medicamentos sigue tan carente como siempre. Pero ahora, junto con otros saldos, se habla de una deuda vencida de 900 millones de dólares. Este solo dato indica a las claras que esta situación no puede continuar.
Decimos “se hablaba” y “se habla” porque, justamente, uno de los gravísimos problemas es la falta de transparencia. No se sabía a ciencia cierta entonces y no se sabe ahora cuánto se debe, a quién se le debe, en qué concepto, cuál era la real necesidad y pertinencia de esas compras y contrataciones, si se auditaron las cuentas, cuánto ya se pagó, si se le pagó más a este que a aquel y por qué. Todo eso entra dentro de un enorme agujero negro con un espacio demasiado amplio para la discrecionalidad y, por ende, la corrupción.
Nadie informa con precisión cuánto ya se ha desembolsado ni cuánto falta desembolsar y ahora nos enteramos de que parte de las deudas fueron transferidas a bancos de plaza, por al menos 60 millones de dólares, por lo cual el IPS tendrá que pagar 3,4 millones de dólares adicionales solo en comisiones.
Tal es el descontrol que la mencionada ley, también conocida como “ley Samaniego” por haber sido impulsada por Lilian Samaniego, senadora con una historia de vínculos con proveedores del IPS, insólitamente no estableció montos, ni estimación de gastos, ni proyecciones ni topes. Simplemente se le dio carta blanca al Consejo de Administración para negociar con bancos y acreedores, algo inaudito en Derecho Público Administrativo, ni más ni menos que un cheque en blanco con el dinero de los aportantes.
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