El Banco Central del Paraguay (BCP) promueve una acción de inconstitucionalidad para eludir una disposición del Poder Ejecutivo que pretende frenar los elevados pagos extras a funcionarios públicos.
La Asesoría Jurídica del ente monetario central, representado por los abogados Marco Aurelio González, Horacio Codas Gómez y Maurizio de Oliveira, recurrió a una acción judicial contra los artículos 39, inciso h), del clasificador presupuestario de gastos, además del 86 y 155, del Decreto N° 3264, que reglamenta la Ley del PGN 2020 y establece limitaciones a los gastos.
En los argumentos, los profesionales sostienen que el Poder Ejecutivo no tiene atribución legal en lo pertinente a la estructura orgánica y regulación del régimen del personal, porque el BCP es un ente autónomo y autárquico.
En el decreto del Poder Ejecutivo impone ciertos límites a los pagos extras a funcionarios públicos, disfrazados como “subsidio familiar” para el presente PGN, decisión que provocó ira en los sindicatos de funcionarios de varios entes e instituciones, entre ellos del BCP, que intenta pagar igual esos millonarios beneficios.
Con el tope que estableció el Poder Ejecutivo, el monto en concepto de subsidio familiar no podrá superar el equivalente a 1 salario mínimo (G. 2.192.839) y deberán ser pagos únicos en cada concepto, que son tres: escolaridad, ayuda vacacional y alimenticia. Hasta el año pasado, las entidades públicas podían abonar las veces que decidiesen y hasta el monto que tenían disponible en el presupuesto.
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