En julio de 2018, la Contraloría General de la República promovió una acción de inconstitucionalidad contra los fallos de primera y de segunda instancias que hicieron lugar a un recurso de amparo ...
En julio de 2018, la Contraloría General de la República promovió una acción de inconstitucionalidad contra los fallos de primera y de segunda instancias que hicieron lugar a un recurso de amparo planteado por el periodista de este diario Juan Carlos Lezcano, para tener acceso a la declaración jurada de bienes y rentas de funcionarios públicos. Dicho órgano, en aquel entonces dirigido por Enrique García, se había negado de hecho a entregarle una copia de tales declaraciones de quienes ocuparon los más altos cargos públicos entre 1998 y 2017. Ninguna norma constitucional prohíbe que un...
Siendo así, es evidente que la máxima instancia judicial deberá pronunciarse ahora en el mismo sentido en que lo hizo en 2013, al revocar las sentencias que convalidaron la negativa de la Municipalidad de San Lorenzo a revelar al contribuyente Daniel Vargas Telles el número de sus funcionarios, las tareas que realizaban y el sueldo que percibían. En ese caso, la Corte se constituyó en pleno por tratarse de una cuestión de interés general, para concluir que los datos solicitados no eran confidenciales ni afectaban al fuero íntimo de las personas, en tanto que el acceso a la información...
El mismo año, se promulgó la Ley N° 5282, “de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”, cuyo art. 22 dice que la “información pública reservada es aquella que ha sido o sea calificada o determinada como tal en forma expresa por la ley”. Ninguna declara expresamente que los bienes y las rentas declarados por quienes ejerzan una función pública tengan dicho carácter. Si así fuera, la Contraloría tendría que haber denegado el pedido de informes que en 2019 le hizo el Senado sobre las declaraciones de las autoridades electas el año anterior y sus...
No hay razón alguna, por tanto, para que lo admitido a los legisladores, en esta cuestión “de interés público”, se les deniegue a sus conciudadanos, tanto o más interesados que ellos en que nadie se valga de la función pública para el enriquecimiento ilícito, favorecido por el secretismo y dificultado por la transparencia. También es de acción penal pública la declaración jurada falsa de bienes y rentas, con la que ese hecho punible está muy ligado, de modo que quien se entere, gracias a la publicidad, de que un sujeto obligado omitió incluir en su declaración ciertos bienes o rentas,...
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