Diputados opositores que denunciaron la presunta sobrefacturación de respiradores pulmonares aguardan que el Ministerio Público, cuya titular es Sandra Quiñónez, designe a un fiscal para el caso. El denunciado fue el ministro de Salud Julio Mazzoleni, quien hoy acude al Senado a “dialogar” .
Los legisladores denuncian una licitación supuestamente amañada a tambor batiente con la contratación, vía excepción a la empresa Dysa Healthcare SA, representada por Rosalina Villalba e Iván Maciel.
Fue por la provisión de 31 ventiladores pulmonares a G. 261.800.000 cada uno y por G. 8.115.800.000 en total. Sin embargo la Contraloría General de la República solo encontró tres respiradores instalados.
La CGR indica que Salud Pública fijó como precio referencial G. 220 millones por cada ventilador cuando el precio histórico del producto era de G. 169 millones.
La diputada Rocío Vallejo (PPQ, Central), exfiscala anti corrupción, dijo que ahora esperan que el Ministerio Público designe a un agente fiscal para investigar el caso. En la denuncia se recalca que la licitación se definió en menos de 24 horas del 1 al 2 de abril.
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