Mientras reclama un incremento presupuestario del 34% y la creación de 891 cargos nuevos, la Corte Suprema de Justicia intenta justificar su pedido ante el Congreso en el peor momento de su imagen institucional: golpeada por la mafia de los pagarés, hundida en una mora judicial crónica, salpicada por denuncias de corrupción y sin lograr recuperar la credibilidad ciudadana.
La Corte Suprema llevó a la Bicameral un pedido de G. 2,338 billones para 2026, un 34% más que el presupuesto vigente y 22% por encima de lo que asignó el Poder Ejecutivo. El plan prevé creación de 891 cargos y aumentos salariales escalonados cuyo costo ronda G. 165.816 millones, con la promesa de modernizar la gestión judicial. El reclamo aterriza en un Poder Judicial de baja confianza pública y golpeado por causas como la "mafia de los pagarés", lo que reaviva el debate sobre si más recursos se traducen en mejor justicia.
El presidente de la Corte, César Diesel, defendió ante la Comisión Bicameral de Presupuesto un plan de G. 2,338 billones (alrededor de US$ 292 millones al tipo presupuestado). La propuesta supera en 22% la asignación del Ejecutivo (más de G. 1,9 billones) y supone un salto de 34% sobre el presupuesto vigente. La propia Corte desglosa que aproximadamente 75% de los fondos provendrían del Tesoro (FF10) y 25% de recursos institucionales (FF30).
Según la exposición y la documentación oficial, el proyecto crea 891 cargos en áreas administrativas y jurisdiccionales. Además, plantea aumentos generales: 20% para quienes perciben entre G. 2,8 millones y G. 5 millones, 10% entre G. 5 y 10 millones y 5% para salarios por encima de G. 10 millones. El costo del paquete salarial fue estimado en G. 165.816 millones.
La CSJ argumenta que el incremento apunta a modernización, fortalecimiento del capital humano e infraestructura, con metas de producción y mejoras en el expediente electrónico y registros (RUN). En su propio resumen de presupuesto 2026 la institución fija metas de resoluciones y detalla composición de gastos e ingresos, incluyendo la proyección de ingresos institucionales (FF30) para sostener servicios registrales.
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