El Tribunal de Apelación Penal declaró prescripta la causa para dos procesados y ratificó la absolución de un tercero. La decisión se suma a la absolución de los exministros Francisco De Vargas y Luis Rojas, dispuesta anteriormente por la Corte Suprema. Sin embargo, quedaron firmes las condenas de cuatro años de prisión para los proveedores de los equipos.
El caso de la compra irregular de equipos de escuchas telefónicas para la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) suma un nuevo capítulo judicial con la declaración de prescripción para dos procesados y la ratificación de la absolución de otro de los acusados. La resolución fue adoptada por mayoría por el Tribunal de Apelación Penal, Tercera Sala, que analizó los recursos presentados contra la sentencia dictada en junio de 2024.
Los camaristas Agustín Lovera Cañete y José Waldir Servín declararon operada la prescripción para Alberto Daniel Ferreira Martí, procesado por lesión de confianza, y Silvia María Jara Acha, acusada por producción de documentos no auténticos. Asimismo, ratificaron la absolución de Hugo Danilo González Rodríguez, quien también enfrentaba cargos por lesión de confianza. La magistrada Adriana Giagni votó por confirmar la resolución en todos sus puntos.
La apelación había sido presentada por el fiscal Luis Lionel Piñánez, quien solicitó anular la sentencia absolutoria dictada por el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Víctor Ortiz, Matías Garcete y Lourdes Garcete. El representante del Ministerio Público cuestionó que los magistrados concluyeran que no existió daño patrimonial para la institución y sostuvo que la resolución presentaba deficiencias en la valoración de las pruebas, además de una aplicación incorrecta de la legislación penal.
Entre los argumentos centrales de la resolución, los camaristas consideraron los plazos transcurridos desde la finalización de las conductas investigadas y las disposiciones legales aplicables. En el caso de Ferreira Martí, establecieron que los hechos habrían culminado el 20 de enero de 2013 y que, descontando los periodos correspondientes a la pandemia y otros plazos, la prescripción operó el 19 de febrero de 2024.
Leer la nota completa en El Nacional
