El Senado sancionó ayer la última de las leyes antilavado de dinero reclamadas por Gafilat. Hubo controversia por las amplias atribuciones dadas a Seprelad (ahora UIF), que afectan el derecho a la privacidad, dicen.
El proyecto, que modifica la Ley 1015/97 sobre prevención y represión del lavado de dinero, fue tratado y aprobado sin modificaciones pese a la oposición de algunos senadores como el liberal Víctor Ríos, quien planteó su postergación, y el colorado Enrique Riera, quien propuso algunos cambios.
La normativa, que será girada ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación, amplía los controles a los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas y dar información, incluyendo a instituciones privadas, y actualiza la terminología para adaptarlas a los estándares internacionales.
La polémica surgió en torno al artículo 22 de la ley que dispone que “las personas físicas, los organismos y entidades del Estado, las entidades del sector privado, así como los sujetos obligados, deberán proveer toda la información relacionada con la materia legislada en la ley que les sea requerida por la autoridad de aplicación”.
El artículo se refiere también a que no se podrá oponer el deber de secreto bancario o tributario ni habrá reserva legal alguna. Esto fue considerado excesivo por algunos senadores como Fernando Silva Facetti (PLRA) y Riera (ANR), que advirtieron que iba contra el derecho a la privacidad previsto en la Constitución. Sin embargo, el artículo no fue modificado.
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