Desde el año 2004 hasta el 2017, con dinero de los contribuyentes, el Estado subsidió con G. 104.000 millones al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Congreso. Ahora se plantea eliminar la privilegiada jubilación parlamentaria.
Desde hace dos años el Congreso Nacional no presupuesta la millonaria transferencia no reembolsable a la Caja Parlamentaria bajo el argumento de que la misma actualmente se encuentra con solvencia financiera.
Sin embargo, existe el peligro de que la Caja nuevamente vuelva a tener un déficit y sean los contribuyentes quienes tengan que subvencionar el fondo de jubilaciones de diputados, senadores y parlasurianos.
En el 2017 figuraban como beneficiarios un total de 233 exparlamentarios, entre esposas, concubinas, viudas, hijas solteras e hijos discapacitados hasta la mayoría de edad. En ese mismo año, el Estado desembolsó para ellos G. 16.000 millones, dinero no reembolsable.
El siete de diciembre del 2018, el Poder Ejecutivo promulgó la modificación a la ley de jubilaciones y pensiones del Poder Judicial. Con esos cambios se eliminó que la jubilación alcance a las hijas solteras.
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