La diputada Rocío Vallejo (PQ) presentó un proyecto de ley para acelerar el procedimiento relativo a la recusación e inhibiciones de agentes fiscales. Por su parte, el ministro de CSJ Alberto Martínez Simón elaboró un anteproyecto de ley que, entre otras cosas, prevé la suspensión de la matrícula del abogado que tenga un cierto número de recusaciones rechazadas durante el año. Estas iniciativas responden, sin duda, a la indignación generada en la ciudadanía por las sistemáticas chicanas a las que recurren los políticos para lograr la extinción de sus respectivas causas por el transcurso del tiempo. El caso del exsenador Víctor Bogado es emblemático. Sin desmerecer en modo alguno las propuestas mencionadas, aparte de que “lo que abunda no daña”, puede afirmarse que, así como están actualmente las cosas, no faltan disposiciones para repeler la inconducta procesal. Lo que falta, como enseña la triste experiencia, es la “voluntad judicial” de aplicarlas, a la que debe sumarse la acostumbrada morosidad de la judicatura.
La diputada Rocío Vallejo (PQ) presentó un proyecto de ley para acelerar el procedimiento relativo a la recusación e inhibiciones de agentes fiscales. Por su parte, el ministro de CSJ Alberto Martínez Simón elaboró un anteproyecto de ley que, entre otras cosas, prevé la suspensión de la matrícula del abogado que tenga un cierto número de recusaciones rechazadas durante el año. Estas iniciativas responden, sin duda, a la indignación generada en la ciudadanía por las sistemáticas chicanas a las que recurren los políticos para lograr la extinción de sus respectivas causas por el transcurso del...
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