A partir de este año, los congresistas, ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y los ministros del Gabinete de Santiago Peña, podrán viajar en “clase ejecutiva” al exterior. Mientras tanto, niños del interior estudian bajo árboles y la ciudadanía soporta “reguladas” extremas por parte de los empresarios del transporte.
Aquel discurso del presidente de la República, Santiago Peña, de “mejorar” o cuidar el gasto público está quedando cada vez más lejos de la realidad que aplica su propio gobierno.
Ahora, mediante una pequeña modificación de la Ley que regula el Presupuesto General de Gastos de la Nación, un grupo de privilegiados funcionarios públicos podrán hacer viajes al extranjero utilizando el servicio de clase Ejecutiva, dejando de lado la clase económica.
El cambio en el documento de Ley apenas tiene un párrafo, pero lo que dispone es realmente significativo en cuanto a los montos que podrían significar estas modificaciones a la hora de viajar de estas autoridades.
La cuestión es así: El Presupuesto General de Gastos de la Nación tiene -dentro del Capítulo de Políticas de Racionalización de Gastos, justamente- el artículo 235, que establece los criterios a la hora de comprar los pasajes aéreos para el traslado de los funcionarios y el personal que prestan servicio en los Organismos y Entidades del Estado (OEE).
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