El gobierno del presidente Mario Abdo Benítez no permitirá que se cometa una injusticia con la nación paraguaya, pagando 63 millones de dólares a los delincuentes y prófugos (en Brasil) Juan Arrom y Anuncio Martí, afirmó ayer el canciller Luis Castiglioni.
El ministro de Relaciones Exteriores expresó que puede asegurar a la ciudadanía que el gobierno se está ocupando seriamente del caso Arrom y Martí y que “no va a permitir de ninguna manera que se cometa una injusticia contra siete millones de paraguayos”, porque será finalmente el dinero de la gente el que se utilizará para resarcir a los citados prófugos, acusados por la justicia paraguaya de ser los autores del secuestro el 16 de noviembre del 2001 de María Edith Bordón.
La Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH), un organismo de la OEA y con sede en San José de Costa Rica, está a punto de condenar al Estado paraguayo a resarcir 63 millones de dólares a Arrom y Martí por presunta desaparición forzada y tortura de los mismos en el 2002, según advirtió el viernes pasado el procurador general Sergio Coscia.
Arrom y Martí se fugaron al Brasil en el 2003 cuando estaban siendo procesados por el secuestro de María Edith y en el vecino país consiguieron refugio político, condición que aún no se revirtió pese a tres reiteraciones de varios gobiernos paraguayos.
Castiglioni resaltó que el Gobierno integró una comisión interinstitucional, que ya se reunió en la Cancillería el viernes último, que está “haciendo un riguroso estudio de todos los antecedentes del caso” para tomar las acciones adecuadas. La comisión está conformada por la fiscala general del Estado Sandra Quiñónez, representantes de la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio del Interior, la Procuraduría General de la República, Relaciones Exteriores y otras entidades estatales, informó el canciller.
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