El Tribunal de Apelaciones en lo Penal Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, ratificó la resolución del juez Osmar Legal, que ordena mantener la prisión preventiva del abogado Daniel Montenegro, quien es acusado de formar parte de un esquema de lavado de dinero liderado por el brasileño Jarvis Chimenez Pavão. La defensa, encabezada […]
El Tribunal de Apelaciones en lo Penal Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, ratificó la resolución del juez Osmar Legal, que ordena mantener la prisión preventiva del abogado Daniel Montenegro, quien es acusado de formar parte de un esquema de lavado de dinero liderado por el brasileño Jarvis Chimenez Pavão.
La defensa, encabezada por la abogada Isabel Sanabria Cabañas, cuestionó la legalidad de la prisión preventiva, aludiendo a que la medida se basaba en la supuesta indefensión del acusado. Argumentó que la cancelación del acceso de Montenegro al sistema digital judicial y la incautación de sus equipos informáticos vulneran su derecho a una defensa adecuada. Sanabria afirmó que la retirada de estos recursos le impedía a Montenegro ejercer su propia defensa técnica, lo cual, en su opinión, constituía una violación al debido proceso y al derecho a la defensa en juicio.
Asimismo, la defensa sostuvo que la suspensión de su acceso al sistema informático judicial, Judisoft, y la confiscación de su computadora, usados para la gestión de su defensa desde la prisión, agravaron su situación. Alegó que estas medidas, adoptadas tras una resolución del Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, lo colocaban en un estado de indefensión y violaban la Convención Americana sobre Derechos Humanos, especialmente en lo referido al derecho a la defensa técnica.
El Ministerio Público, a través del fiscal Osmar Segovia, rechazó los argumentos de la defensa, señalando que no existía conexión directa entre la suspensión de los recursos tecnológicos y la pertinencia de la medida de prisión preventiva. Según el fiscal, el hecho de que Montenegro hubiera sido intimado a nombrar un nuevo abogado defensor, y que se designara a un defensor público en caso de no hacerlo, garantizaba su derecho a la defensa. Además, Segovia enfatizó que la prisión preventiva sigue siendo necesaria por la gravedad de los delitos imputados y el peligro de fuga que representa el...
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