La querella adhesiva de la causa de la supuesta “tragada” a la Caja de Jubilados Bancarios, recusó y solicitó el apartamiento de la fiscala adjunta Patricia Rivarola Pérez, a quien acusa de actuar como abogada defensora de los procesados. También acusan que la adjunta interviene irregularmente en el caso promoviendo recursos y acciones que no le son permitidas por ley, siempre en beneficio de los imputados.
El abogado Jorge Rubén Vasconsellos recusó a la fiscala adjunta Patricia Rivarola Pérez, quien debe dictaminar en el trámite de oposición que resolvió el juez penal de garantías Yoan Paul López, contra el pedido de sobreseimiento definitivo realizado por el fiscal José Martín Morínigo en el causa penal abierta por millonario desvío en la .
En un anterior dictamen, la adjunta ya había requerido el sobreseimiento definitivo al analizar el fondo del caso de la presunta “tragada” de más de dos billones y medio de guaraníes, a pesar que solo debía expedirse sobre la acusación o ratificación de la extinción penal que entonces solicitó la fiscala Stella Mary Cano, en otra audiencia preliminar de este mismo caso.
El escrito de recusación presentado el 30 de noviembre ante la Fiscalía General del Estado, señala que con motivo de la intervención de la fiscala adjunta Patricia Rivarola Pérez, a los efectos de pronunciarse en los términos del Art. 358 del Código Procesal Penal, “ha evidenciado su absoluta carencia de objetividad, llegando al extremo de asumir el papel de defensora de los intereses de la defensa, sin ningún tipo de consideración en la obligación que le impone el Art. 54 del Código Procesal Penal”.
El mencionado artículo 54 dispone: Objetividad: “El Ministerio Público regirá su actuación por un criterio objetivo, velando por la correcta aplicación de la ley y tomando en consideración los elementos de cargo y descargo en relación al imputado”.
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