El gobierno anterior de Mario Abdo ya había prometido al Fondo Monetario Internacional crear una supervisión del sistema de jubilaciones. Está pendiente un desembolso de USD 400 millones.
Uno de los factores que empujó al Gobierno de Santiago Peña a aprobar a las apuradas la Ley de Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones es la exigencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) que comprometió al país a aprobar dicha legislación, ya en la era Mario Abdo Benítez, y ahora el gobierno actual de Santiago Peña espera la aprobación de un préstamo de USD 400 millones que solicitó.
La desesperación del cartismo en que estos recursos sean desembolsados al Gobierno lo antes posible habría llevado al grupo político a aprobar a tambor batiente y sin debate social la cuestionada legislación.
Acuerdo. En noviembre del 2022, el Directorio Ejecutivo del FMI aprobó de manera unánime avanzar con el Gobierno en un acuerdo de apoyo técnico y seguimiento por dos años. Este acuerdo se dio en el marco del Instrumento de Coordinación de Políticas (PCI en inglés).
El gobierno de Mario Abdo firmó un acuerdo con el FMI en el que se comprometió a avanzar en este 2023 con la elaboración de una ley de transición para la Caja Fiscal y una nueva versión de la ley para la supervisión del sistema de pensiones, que sentarían las bases para una reforma más integral del sistema de pensiones.
Leer la nota completa en Diario UltimaHora
