El Colegio de Abogados del Alto Paraná analiza presentar una denuncia penal contra la cuestionada magistrada Cinthia Garcete por evasión de impuestos (hasta hace poco nunca pagó renta personal), ocultamiento de bienes y lavado de dinero, ya que según el abogado impulsor de la denuncia, Mauro Barreto, la misma no tiene manera de justificar todos los bienes que posee. Garcete es una de las juezas más cuestionadas en Alto Paraná y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) reveló que la funcionaria judicial hace poco se había inscripto en la dependencia ministerial para cumplir con sus obligaciones tributarias, luego de que la situación se hiciera pública.
En el seno del Colegio de Abogados del Alto Paraná estudiarán presentar una nueva denuncia contra la cuestionada jueza Cinthia Garcete por faltas graves, como evasión de impuestos, ocultamiento de bienes y lavado de dinero. Eso llevando en cuenta que la misma registra un notorio aumento patrimonial y no tendría manera de justificar.
De modesta ujier en Caaguazú, Garcete se convirtió en “millonaria” gracias a sus actividades en el ámbito judicial, según se desprende de sus declaraciones juradas. En su primera declaración, del año 2003, la misma tenía apenas G. 2 millones en efectivo y dos terrenos, uno valuado en 5 millones y otro en 8 millones de guaraníes. Para 2016, Garcete Urunaga –ya jueza de Ciudad del Este– declaró haber incrementado su patrimonio en más del 100%. Si en 2013 su patrimonio era de G. 482 millones, para 2016 trepó a más de G. 1.022 millones. Más del doble en apenas tres años. Para 2019, los activos...
Recordemos que días pasados, el Dr. Oscar Paciello, candidato a representar a los abogados ante el Consejo de la Magistratura (CM), afirmó al programa “7 Días Paraguay” de C9N que existen méritos suficientes para una revisión al caso que involucra a la polémica jueza penal de garantías, Cinthia Garcete, quien recientemente otorgó libertad a 11 policías “gatillo fácil”, que mataron a balazos a una pareja, en noviembre del año pasado en CDE.
Pese a la existencia de pruebas contundentes, como la existencia de un informe del laboratorio criminal de la Policía Nacional, que confirma que todos los 11 agentes involucrados en el fallido operativo efectuaron disparos de arma de fuego, evidenciando su culpabilidad en el doble asesinato, la jueza otorgó arresto domiciliario a todos los uniformados, quienes presuntamente habrían pagado la suma de 10 mil dólares por cabeza, para obtener su libertad, según lo señalado por fuentes fidedignas.
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