La Plataforma Ética Ciudadana, conformada por el Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia (Cipae) y la Campaña Itaipú 2023 Causa Nacional, presentó ayer las conclusiones preliminares del análisis realizado sobre la denominada deuda espuria de la binacional, que asciende a USD 4.193 millones, según informó la Contraloría General de la República (CGR). Igualmente, sostiene que la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y/o los usuarios paraguayos sufrieron un perjuicio neto de USD 940,6 millones hasta el año 2020, teniendo en cuenta lo que la firma estatal pagó de más desde 1997 (USD 984,7 millones) y lo que pagó de menos entre 1985 y 1997 (USD 43,9 millones), antes y después de la puesta en vigencia de la tarifa derivada del Acuerdo de San Pablo, que marcó un precio superior al costo real del servicio de electricidad calculado en 1986 hasta llegar a la tarifa actual, de 22,6 USD/kW al mes.
La Plataforma Ética Ciudadana, conformada por el Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia (Cipae) y la Campaña Itaipú 2023 Causa Nacional, presentó ayer las conclusiones preliminares del análisis realizado sobre la denominada deuda espuria de la binacional, que asciende a USD 4.193 millones, según informó la Contraloría General de la República (CGR).
El análisis de los peritos Ricardo Canese, Miguel Carter y Juan Antonio Pozzo ratifica que la deuda de Itaipú es enteramente ilegal, argumentando que se gestó con base en tarifas prohibidas por debajo del costo del servicio entre los años 1985 y 1997, no permitidas por el Tratado, y establece que la situación benefició en un 97,5% al sistema eléctrico brasileño. Asimismo, los expertos sostuvieron que Paraguay debe exigir que Itaipú reclame el pago a las empresas eléctricas que no pagaron la tarifa igual al costo del servicio en su momento (siendo las principales Furnas y Eletrosul,...
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