Organizaciones solicitarán al nuevo Gobierno que analice estrategias sobre cómo generar más ingresos y buscar alternativas que incrementen la recaudación para el sector educativo.
Al menos USD 100 millones anuales perdidos por fraude fiscal y cuentas off shore pueden ser destinados al sector educativo para cumplir con falencias en gratuidad, infraestructura y alimentación escolar, si se recuperan estos activos, afirmaron en el conversatorio Garantizando el derecho a la educación: Acciones para su cumplimiento.
“Existe esta corrupción fiscal de no pagar sus impuestos, la evasión fiscal; con eso nosotros tenemos los fondos necesarios como para pensar y mejorar la educación, evitando la evasión”, explicó la docente Ángeles Ferreira, una de las panelistas invitadas por la actividad organizada por Decidamos y la Red por el Derecho a la Educación.
Las organizaciones prepararon un documento que será presentado a las autoridades entrantes para analizar cómo generar más ingresos y también recaudar más para el sector educativo.
Ferreira agregó que ni siquiera hay un interés político para que se cumplan las leyes nacionales en cuanto a evasión y a impuestos.
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