El contralor general Camilo Benítez defendió el examen de correspondencia realizado Santiago Peña en San Bernardino. Sostuvo que el ente audita respaldos documentales y bancarios. Y derivó a la Fiscalía la responsabilidad de indagar posibles operaciones de lavado en medio de la amenaza de un juicio…
Ante los cuestionamientos públicos sobre un presunto blindaje institucional y un eventual juicio político, el contralor general de la República, Camilo Benítez, aclaró los alcances y límites del examen de correspondencia practicado a las Declaraciones Juradas (DDJJ) del entonces presidente de la República, Santiago Peña, cuyo dictamen se dio a conocer el pasado 26 de mayo sin detectar inconsistencias patrimoniales.
En relación con las críticas sobre la construcción de la residencia en la ciudad de San Bernardino, Benítez explicó que la labor de la Contraloría General de la República (CGR) se limita a comprobar la trazabilidad formal de los fondos declarados, mas no a investigar la licitud del origen o el trasfondo financiero de los créditos comerciales.
“Como en el caso del ex presidente, quien declaró haber pagado USD 600.000 por la construcción de la casa y reflejó una deuda pendiente de USD 300.000 con la constructora al cierre del examen, el pago contaba con respaldo financiero”, refirió.
“No obstante, eso no significa que la CGR tenga competencia para investigar el contenido de los créditos o determinar si un préstamo bancario esconde una operación de blanqueamiento"‚ puntualizó Benítez.
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