El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, llegó al poder sin tener un equipo de colaboradores idóneos, lo que le llevó a efectuar nombramientos improvisados de recomendados políticos en su mayoría. A un año, el pago de favores le costó caro porque, incluso, enfrentó la peor crisis de su Gobierno con el fantasma de un juicio político. Recién ahora apuesta a técnicos para intentar mejorar su gestión, muy cuestionada por la ciudadanía.
El 15 de agosto, después de asumir como presidente de la República, Mario Abdo Benítez comenzó una repartija de cargos a políticos y seccionaleros en secretarías, empresas públicas, entes autárquicos, en su afán de “premiar” a todos aquellos que lo respaldaron en campaña, obviando la idoneidad necesaria para recuperar la “institucionalidad de la República”, que tantas veces pronunció en sus discursos electorales.
Por ejemplo, ubicó a “hombres escombros” en las binacionales, como José Alderete, su exjefe de campaña, en Itaipú, y a Nicanor Duarte Frutos, quien fue premiado con la titularidad de Yacyretá por cambiar de carpa, del cartismo a Añetete. Ellos forman parte de su círculo de allegados para la toma de decisiones, al igual que el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor; el ministro de Hacienda, Benigno López, y el senador Silvio Ovelar, cuya pareja Magnolia Mendoza recuperó el cargo de asesora jurídica en Itaipú.
Abdo se rodeó además de gente como el seccionalero Mauricio Espínola y el exconcejal Daniel Centurión, ambos asesores políticos, y el exedil de Asunción Julio Ullón, su jefe de Gabinete.
El exsenador Julio Velázquez, quien violó la Constitución Nacional para la reelección de Horacio Cartes, es actual consejero de IPS, y uno de los protagonistas junto a Benigno López y el titular de IPS, Armando Rodríguez, del escándalo por denuncias de licitaciones amañadas.
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