Un 27 de marzo de 1974, los cancilleres Raúl Sapena Pastor (Paraguay) y Alberto Juan Vignes (Argentina) canjeaban los instrumentos de ratificación del Tratado de Yacyretá que firmaron en Asunción el 3 de diciembre de 1973.
Al recordarse esta fecha, no solo se debe considerar su relevancia histórica, sino también sus proyecciones sobre el presente, de la represa hidroeléctrica y el aprovechamiento de su energía, así como de la entidad binacional y del mismo país.
Concretamente el numeral IX del Anexo C del Tratado de Yacyretá establece que las disposiciones de este documento, que reúne las bases financieras y de prestación de los servicios de electricidad por parte de la entidad binacional, “… serán revisadas a los 40 años a partir de la entrada en vigor del Tratado”; o sea, transcurrieron seis años de aquel plazo y nada se pudo o se quiso revisar, sencillamente porque el statu quo actual sigue beneficiando amplia y categóricamente al mercado eléctrico argentino y a sus empresas.
En los 46 años y cuatro meses que pasaron desde la firma del Tratado de Yacyretá hubo intentos formales por revisarlo. Los más relevantes fueron la Nota Reversal del 9 de enero de 1992, aceptada inclusive en el nivel de los poderes ejecutivos que en la práctica modificaba, no solo el Anexo C, sino también partes importantes del tratado.
El instrumento, en junio de 1995, un año después de la irregular puesta en funcionamiento de las primeras unidades de la central, el Legislativo nacional lo rechazó porque lo consideró inconveniente para los intereses de nuestro país.
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