Como parte de una reforma del Estado, en Chile se acaba de promulgar una ley que reduce el salario del Presidente de la República, ministros, gobernadores y legisladores (diputados y senadores). No fue por arte de magia o por una sensibilidad colectiva que surgió de repente. Por ejemplo, los políticos paraguayos en cargos de poder, para no herir susceptibilidades de otros países hermanos, carecen de intelecto o están “enfermos” de un virus denominado mezquindad para tomar estas decisiones.
Según reportan las agencias internacionales, en Chile hace seis años vienen discutiendo algunas reformas como la reducción de salarios. Pero el trámite se aceleró debido a la presión popular, al covid-19 que agravó aún más la calidad de vida no solo a las familias que ya la estaban pasando mal sino que el efecto del nuevo coronavirus alcanzó todos los niveles sociales. Obviamente, la clase política chilena con alto nivel cívico no cerró sus ojos ante la dura realidad y se sometió a la voluntad de sus mandantes: el pueblo. Cosa que pocas veces ocurre en Latinoamérica, por lo menos.
Pero aquí no termina cosa. El viernes el presidente chileno, Sebastián Piñera, promulgó la ley que limita la reelección de senadores, diputados, consejeros regionales, alcaldes y concejales. Esta iniciativa ya lleva 14 años de discusión pero la pandemia aceleró que se concrete este “milagro”.
La propuesta legislativa establece que los diputados podrán ser electos de forma sucesiva hasta por dos periodos. Recordemos que en Chile el mandato es de cuatro años mientras que en Paraguay es de cinco años. En cambio, los senadores podrán ser reelegidos por un periodo más (ocho años en total). Y ojo que se considerará como periodo completo cuando un parlamentario haya cumplido más de la mitad de su mandato.
¿Qué se quiere lograr con la combinación de estas dos importantes decisiones? Evitar que los clanes o “brazos ejecutores” de grupos mafiosos o intereses particulares se apoderen ad eternum de las bancas y con proyectos de ley, intervenciones a municipios, aprietes desde del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados o designaciones de jueces, fiscales y ministros de la Corte “amigos” desde el Consejo de la Magistratura, se enriquezcan y sometan a las instituciones públicas a una élite invisible para la sociedad pero con negros objetivos.
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