Vía libre para el enriquecimiento en la función pública - Editorial - ABC Color

Al ratificarse en su decisión de despenalizar la presentación de declaraciones juradas falsas por parte de quienes ejercen una función pública, la Cámara de Diputados cometió ayer una infamia que obliga al Poder Ejecutivo a ejercer de inmediato su derecho al veto. Es que lo resuelto, con solo catorce votos en contra, viola con flagrancia el principio de igualdad ante las leyes, apunta claramente a la impunidad y vuelve inocua la norma constitucional que obliga a los “funcionarios y empleados públicos, incluyendo a los de elección popular”, a declarar sus bienes y rentas dentro de los quince días de haber asumido el cargo y en igual plazo al abandonarlo. Si el presidente Mario Abdo Benítez promulgara la ley, se convertiría en cómplice de quienes defienden el derecho de mentir para disimular el enriquecimiento ilícito y daría pie a la gente a pensar que está metido en los “fatos”. Está en sus manos despegarse de los corruptos, impidiendo este mayúsculo atropello a la decencia, a la razón y a la Carta Magna. ...[Leer más]