Al ratificarse en su decisión de despenalizar la presentación de declaraciones juradas falsas por parte de quienes ejercen una función pública, la Cámara de Diputados cometió ayer una infamia que obliga al Poder Ejecutivo a ejercer de inmediato su derecho al veto. Es que lo resuelto, con solo catorce votos en contra, viola con flagrancia el principio de igualdad ante las leyes, apunta claramente a la impunidad y vuelve inocua la norma constitucional que obliga a los “funcionarios y empleados públicos, incluyendo a los de elección popular”, a declarar sus bienes y rentas dentro de los quince días de haber asumido el cargo y en igual plazo al abandonarlo. Si el presidente Mario Abdo Benítez promulgara la ley, se convertiría en cómplice de quienes defienden el derecho de mentir para disimular el enriquecimiento ilícito y daría pie a la gente a pensar que está metido en los “fatos”. Está en sus manos despegarse de los corruptos, impidiendo este mayúsculo atropello a la decencia, a la razón y a la Carta Magna.
Al ratificarse en su decisión de despenalizar la presentación de declaraciones juradas falsas por parte de quienes ejercen una función pública, la Cámara de Diputados cometió ayer una infamia que obliga al Poder Ejecutivo a ejercer de inmediato su derecho al veto. Es que lo resuelto, con solo catorce votos en contra, viola con flagrancia el principio de igualdad ante las leyes, apunta claramente a la impunidad y vuelve inocua la norma constitucional que obliga a los “funcionarios y empleados públicos, incluyendo a los de elección popular”, a declarar sus bienes y rentas dentro de los quince...
El despropósito perpetrado, que salió del caletre del diputado Hernán David Rivas (ANR, cartista), casualmente flamante miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, reza que “toda declaración jurada presentada en tiempo y forma es válida, independiente de si existen omisiones o errores. Las declaraciones juradas que adolezcan de omisiones o errores serán consideradas como declaraciones juradas válidas parciales hasta tanto se subsane la omisión o error detectado” (las negritas son nuestras). Si las omisiones o los errores constatados por la Contraloría General de la República no...
No fue derogado el art. 243 del Código Penal, que castiga con hasta cinco años de prisión a quien “presentara una declaración jurada falsa a un ente facultado para recibirla”, pena que se reduce a un año de cárcel o a una multa si la falsedad deriva de una actuación culposa. Como esta norma seguirá en vigor para quienes no tienen la suerte de estar a sueldo de los contribuyentes, estos seguirán siendo sancionados si presentaran una falsa declaración jurada para pagar menos el impuesto a la renta personal. En cambio, los instalados en un presupuesto nacional, departamental o municipal...
A los autores de este esperpento les importó un bledo que el art. 47 de la Constitución garantice la igualdad ante las leyes y que el 104 diga que la declaración de bienes y rentas de quienes están en la función pública debe presentarse bajo juramento. Tal disposición deviene inútil si el perjurio no es castigado, de modo que un exdiputado podría ocultar sus bienes y rentas con toda impunidad para que no sea tan evidente que aprovechó su investidura para enriquecerse en forma ilícita. Esto significa que no solo se despenalizó el perjurio, sino también que se dificultó notablemente la...
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