Tras haberlo introducido de una manera silenciosa y subrepticia en el orden del día, una mayoría de miembros de la Cámara de Diputados aprobaron el miércoles el proyecto de ley de autoblindaje, que reglamenta el artículo 201 de la Constitución Nacional, “de la pérdida de investidura”, volviendo casi imposible que un legislador pueda perder su banca ante hechos de tráfico de influencia o corrupción, ya que ahora se necesitará una mayoría absoluta (30 senadores o 53 diputados) y no una mayoría simple. Es una nueva vergonzosa maniobra de complicidad de la clase política para amparar a los corruptos, de espaldas a los crecientes reclamos de una ciudadanía indignada que se moviliza exigiendo cambios y más transparencia. La posibilidad de corregir este bochornoso episodio queda ahora en manos de la Cámara de Senadores.
En el proyecto aprobado, tras haber sido introducido de una manera silenciosa y subrepticia en el orden del día, los diputados establecieron que para presentarse un pedido de pérdida de investidura se necesitará un tercio de los miembros de la Cámara y para aprobar la destitución se tendrá que tener una mayoría de dos tercios. Es decir, ya no será necesario solamente la mayoría simple, como establece la Constitución.
Como un detalle más que significativo, el diputado oficialista Éver Noguera, imputado por supuesta comisión de administración en provecho propio y asociación criminal, en el caso de adquisición de almuerzo escolar que también involucra al senador oficialista Rodolfo Friedmann, fue quien se encargó de defender la propuesta y solicitó incluir un requerimiento más: la condición del voto de dos tercios de las cámaras para expulsar a un legislador.
Así, ahora se necesitarán de 53 diputados o 30 senadores para destituir a un parlamentario, una cantidad que sería casi imposible lograr ante la alianza de impunidad que se viene imponiendo en el Congreso.
El proyecto original, que provino de la Cámara de Senadores, disponía que para presentar siquiera un pedido de pérdida de investidura era necesario contar con un tercio de los miembros de la Cámara. Según este proyecto, más ajustado a lo que dispone la Constitución, en el caso de Cámara de Senadores serían necesarias 15 firmas para presentar un pedido, mientras que en la Cámara Baja se requerían 27 firmas de legisladores, pero Diputados aumentó considerablemente el número, estableciendo un nuevo criterio que varios juristas consideran como abiertamente inconstitucional.
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