El 25 de mayo, el equipo de transición del presidente electo Santiago Peña, liderado por Lea Giménez y José Alberto Alderete, pidió por nota al presidente Mario Abdo Benítez la suspensión de las licitaciones públicas que comprometan fondos durante dos o tres años. Si la solicitud no fuera atendida, ellas serían revisadas después del 15 de agosto. Y bien, el IPS había llamado el 19 de abril a una licitación pública para la recolección, el transporte, el tratamiento y disposición final de los residuos patológicos. Las ofertas fueron abiertas el 2 de junio y, ya el 21, el instituto adjudicó por doce meses un contrato de 8.197 millones a la firma Wels SA, presidida por Manuel Peña Palacios, hermano de Santiago Peña, cuyo hijo Gonzalo hace de director suplente de la misma.
El último 25 de mayo, el equipo de transición del presidente electo Santiago Peña, liderado por Lea Giménez y José Alberto Alderete, pidió por nota al presidente Mario Abdo Benítez la suspensión de las licitaciones públicas que comprometan fondos durante dos o tres años. Si la solicitud no fuera atendida, ellas serían revisadas después del 15 de agosto, según amenazó Giménez en la ocasión. Y bien, el Instituto de Previsión Social (IPS) había llamado el 19 de abril a una licitación pública para la recolección, el transporte, el tratamiento y disposición final de los residuos patológicos de...
Presumiéndose que el nuevo gobierno designará a un nuevo director de la DNCP, y que este no tenga las agallas de hacer frente a la familia del próximo jefe de Estado, es necesario que este caso se mantenga en la mira. Por de pronto, el proceso licitatorio estaría en “evaluación”, hasta tanto la empresa adjudicataria remita los debidos documentos antes de que se inicien los trabajos, previa publicación del contrato. No es insensato presumir que la celeridad de los consejeros del IPS tuvo mucho que ver con la asunción presidencial del próximo 15 de agosto ni que, en adelante, Wels SA se...
Empero, también deberían considerar, en su momento, ciertas normas de la Ley N° 7021/22, aunque aún no haya entrado en vigencia porque falta el decreto reglamentario, que tuvo que haber sido dictado dentro del plazo de 120 días a partir de su promulgación, ocurrida el 9 de diciembre. El art. 21 de esa ley prohíbe presentar propuestas y contratar con el Estado a las sociedades en las que los parientes del presidente de la República, hasta el segundo grado de consanguinidad, integren el directorio o los órganos de administración o fiscalización. Si se aplicaran estas disposiciones, sería nula...
Sería innecesario sostener que la amistad y el parentesco no deben prevalecer sobre la ley, si no fuera porque impregnan la cultura político-administrativa del país, a costa del erario y de la población. A ello se suma el servilismo de los funcionarios, que están dispuestos a dictar resoluciones irregulares que agradarían al jefe o a sus allegados. Es presumible que los consejeros del IPS, a quienes les suele pasar sin problema entre las piernas la pelota de los negociados, creyeron que su pronta resolución tendría el beneplácito del presidente electo, así que se dieron prisa.
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