La desprestigiada comisión “garrote” quedó aún más vapuleada ayer en la mesa de trabajo realizada en la Cámara de Diputados, en la que se debatió su eliminación. Representantes de organizaciones y legisladores presentes denunciaron que la comisión opera al margen de la Constitución y es parte de un plan autoritario del cartismo.
Ayer, en la Cámara Baja, con la presencia de los diputados Raúl Benítez (Independiente), Johanna Ortega (País Solidario) y Mauricio Espínola (ANR, Fuerza Republicana), se realizó una mesa de trabajo para debatir el proyecto para eliminar la y dejar sin efecto lo actuado hasta ahora. El motivo principal es porque se estarían cometiendo abusos y se llevan a cabo persecuciones.
Pese a estar invitados, no dieron la cara el titular de la comisión, el senador aliado cartista Dionisio Amarilla (expulsado del PLRA), ni representantes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Contraloría y Fiscalía.
Durante las exposiciones se escucharon firmes argumentos a favor de la eliminación de esta comisión y solicitaron al Poder Ejecutivo el veto a la ley contra las ONG. “Desde el Congreso Nacional se está instrumentando la persecución a organizaciones civiles y realmente esto no tiene nada que ver con transparencia”, acusó Óscar Charotti, director ejecutivo de Juntos por la Educación.
Este, junto a Naida Romero, representante de Semillas para la Democracia, relataron la existencia de un plan previo y direccionado de atacar solo a algunas ONG críticas, para obtener información privada, ya que un año antes, el senador cartista y miembro de la comisión “garrote”, el cartista Gustavo Leite, envió los mismos pedidos de informes.
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