Iván Lisboa – ilisboa@uhora.com.py
Definida, luego de ser totalmente devastada por la clase política tradicional, como la complicación y lentitud excesiva en la realización de gestiones que dependen de la administración de un Estado, la burocracia se convirtió nuevamente en un obstáculo para la gente más golpeada por la crisis que vive el país a causa de la pandemia del coronavirus.
A un mes y medio de haberse iniciado el distanciamiento social por el Covid-19 y a casi un mes de la promulgación de la Ley de Emergencia Económica, unas 40.000 personas que son cotizantes de la seguridad social y que sufrieron despidos o suspensiones no pueden acceder a la ayuda monetaria por la exagerada dilación de los trámites a cargo del Instituto de Previsión Social (IPS).
La entidad previsional tiene ya en su cuenta los USD 100 millones que prevé la legislación de contingencia para hacer frente a la subvención de G. 1.090.000 desde el miércoles pasado, pero con la excusa de que necesita un nuevo reglamento del decreto reglamentario no desembolsa aún los recursos en momentos en que estas 40.000 personas ya siguen sobreviviendo solamente por la solidaridad ciudadana.
Es inaceptable que se siga especulando con la necesidad por culpa de autoridades incapaces. Es momento de que los actores políticos involucrados se pongan las pilas y ofrezcan soluciones a la población, no más dolores de cabeza.
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