Paraguay es considerado el “mayor exportador mundial de energía hidroeléctrica del mundo”, limpia y renovable. Pero, al mismo tiempo, es un formidable importador de gas licuado de petróleo (GLP), una energía sucia y no renovable, utilizada masivamente en cocinas en el país.
En la entrega anterior decíamos que ni siquiera el “impulsor” de la “política energética” (el gobierno de Horacio Cartes) hace cuatro años le había dado “bolilla” a su propia “creación”, el Decreto 6092/15, “que aprueba la Política Energética 2040. Todo lo contrario, aumentó la dependencia del Paraguay del gas argentino (primero) y del boliviano (después).
Reactivó los tanques esféricos que Petropar había construido a mediados de los años 90 para almacenar gas, y este comenzó a dedicarse también a la recarga de garrafas en su estación de servicios de Villa Elisa. Es más, adquirió un equipo móvil para prestar un nuevo servicio, el de “delivery”.
A mediados de diciembre del 2017, el gobierno cartista, en vez de promover el uso masivo de cocinas eléctricas, anunciaba con mucha fanfarria a un “nuevo proveedor” de gas: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que se preparaba (tras un acuerdo firmado entre los gobiernos de ambos países) para exportar al Paraguay hasta 70.000 toneladas métricas para todo el 2018. Ese mismo año, el nuevo presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, se trasladó también hasta La Paz (Bolivia) para firmar un nuevo acuerdo con Evo Morales para la importación de otra partida de 55.000 toneladas...
Todo esto vino ocurriendo como una clara contradicción al citado Decreto 6092/16, que aprueba la política energética del Paraguay, designa coordinador y secretario ejecutivo para su difusión”. Llamativamente, el decreto fue promulgado un año antes de los acuerdos con Bolivia como nuevo proveedor, y presenta a la energía eléctrica, que tenemos “en abundancia”, como sustituto de los hidrocarburos.
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