La Cámara de Diputados sancionó ayer el proyecto de ley “Que cancela la licencia, itinerario y subsidio a empresas del transporte público, infractores de la ley”, que castigará penalmente a los empresarios del transporte público por las reguladas. Con esto se ratifica la versión aprobada en el Senado y pasa a consideración del Ejecutivo para su promulgación o veto.
Transportistas podrán ser castigados penalmente si siguen con reguladas
Esta normativa, que presentó el senador Enrique Salyn Buzarquis (PLRA), tiene por objeto establecer sanciones a las empresas del transporte público de Asunción y Área Metropolitana que no cumplan con las leyes vigentes. En principio, algunos diputados cartistas y abdistas pretendían eliminar este castigo penal y solo establecer la aplicación de multas a las empresas, pero no obtuvieron los votos y se ratificó la versión de la Cámara Alta.
Si el Ejecutivo promulga la normativa, en el caso de que los propietarios, accionistas o representantes legales de las empresas del transporte público realicen algún tipo de amenaza o extorsión a los órganos del Estado relacionados con la prestación de sus servicios, ya sea por cualquier medio, será considerado como delito y sancionado de seis meses a cinco años de pena privativa de libertad o multa. La denuncia podrá ser presentada ante el Ministerio Público por cualquier ciudadano que tenga conocimiento del hecho.
Además, la empresa que deje de prestar sus servicios en forma regular y no lo regularice en un periodo de 24 horas, será cancelada y perderá su licencia, y su itinerario volverá a ser licitado. Las que realicen o amenacen con reguladas en épocas de pandemia o emergencia declarada en el área donde presta servicios, además de cancelarse su licencia y su itinerario, tendrá prohibido solicitar nueva licencia e itinerario por un plazo de 10 años.
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