Tras el bochorno vivido por los miembros de una delegación paraguaya integrada por autoridades judiciales, policiales y de la Seprelad que “rebotó” en los Estados Unidos, solo el silencio los acompaña. La Cancillería no se ha pronunciado aún y la sesión de la Corte Suprema de Justicia de hoy pasó por alto el tema, que fue mencionado de manera solapada al final, en “asuntos varios”, por iniciativa del ministro Víctor Ríos.
El 23 de enero pasado, una comitiva paraguaya integrada por 11 funcionarios del Poder Ejecutivo, Poder Judicial y la Policía Nacional porque el nuevo Gobierno de Donald Trump suspendió inesperadamente todos los cursos y congresos de seguridad que se debían impartir a representantes de países de Latinoamérica.
Los funcionarios paraguayos debían participar del Simposio de Política Ejecutiva y Desarrollo sobre Estrategias Internacionales de Ejecución Financiera, del 27 de enero al 7 de febrero de 2025. El viaje tuvo carácter oficial, es decir, que se tramitó de Estado a Estado.
Los funcionarios compatriotas incluso llegaron a instalarse en la ciudad del evento, Roswell, en el estado de Nuevo México, donde funciona la sede central de la Academia Internacional de Aplicación de la Ley (ILEA), que es una instancia gubernamental bajo el control del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Sin embargo, ni bien llegaron a Roswell, el viceministro, las magistradas, la funcionaria judicial y los policías fueron avisados por los funcionarios de ILEA que el curso quedaba suspendido “hasta nuevo aviso” debido a las nuevas políticas impuestas por el ahora otra vez presidente Donald Trump.
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