El Senado rectificó ayer la ley de financiamiento político para aplicar el control del dinero sucio en las próximas elecciones internas. El texto repone como requisitos que cada candidato demuestre el origen de sus fondos, crea un equipo fiscalizador con apoyo de Seprelad. Diputados estudiarán la propuesta el lunes.
En una votación unánime con 35 presentes y 10 ausentes, el Senado aprobó ayer en sesión extraordinaria modificaciones al proyecto de ley de trazabilidad del financiamiento político.
El pleno rechazó así los cuestionados cambios introducidos por la Cámara de Diputados el 4 de febrero último.
La propuesta vuelve a la Cámara Baja para su estudio este mismo lunes. El texto recupera el requisito de obligar a cada candidato a presentar un balance y una “declaración de ingresos y gastos de campaña (DIGC)” sobre el origen de los fondos antes y después de las elecciones (ver el cuadro).
Cada aspirante también deberá presentar una “declaración de interés económico vinculado” de las empresas y activos que posee en el sector privado. Se aclara que dichos documentos no son “declaraciones juradas de bienes y rentas” como las que presenta un funcionario ante la Contraloría General de la República.
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