La continuidad del juicio político para destituir al contralor José Enrique García, cajoneado desde hace varios meses, se podría reactivar si existe voluntad política en el Senado. La mesa directiva trataría hoy este caso.
En la Cámara de Diputados, ya el año pasado se aprobó la acusación por mal desempeño del contralor general de la República José Enrique García. En noviembre, se designó como fiscales acusadores a los legisladores Ramón Romero Roa (ANR, samanieguista), Celeste Amarilla (PLRA, efrainista) y Hernán David Rivas (ANR, cartista).
La acusación fue enviada a la Cámara de Senadores, que hasta ahora no la trató. El compromiso fue estudiarla este año al reinicio del periodo ordinario de sesiones.
El contralor tiene cinco causales de enjuiciamiento. La principal es su imputación por no haber apelado el fallo que condenó a la Municipalidad de Asunción a pagar US$ 3,6 millones a Ivesur, representada por el abogado Juan Ernesto Villamayor.
Según versiones, el senador Dionisio Amarilla (PLRA, llanista) opera para que el tema se enfríe. Este legis- lador liberal está siendo investigado por la Fiscalía por supuesto enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. El Ministerio Público había pedido un informe a la Contraloría sobre los bienes del senador, pero hasta ayer todavía no le fue enviado, lo que dificulta la pesquisa al político. El “detalle” es que la esposa de Amarilla es la directora de Declaraciones Juradas del citado organismo de control.
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