A través del Decreto 2628, el presidente de la República, Santiago Peña, objetó el proyecto de ley del agente penitenciario y, de esta manera, el documento vuelve al Congreso.
El presidente de la República,, objetó el proyecto de ley 7328 del agente penitenciario, argumentando que pretende instaurar un servicio general penitenciario (Segepe).
El proyecto define al Segepe como un “organismo del régimen penitenciario, dependiente del Ministerio de Justicia a través del Viceministerio de Política Criminal y la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios, que se encarga de la guarda, custodia y seguridad de las personas privadas de libertad por condena firme o de forma preventiva como medida impuesta en el marco de un proceso determinado”.
El decreto menciona que el proyecto de ley regula aspectos vinculados con dicho organismo.
Entre los aspectos regulados figuran su organización, sus funciones y atribuciones y su estructura orgánica, sus derechos, deberes y prohibiciones, las garantías de las que gozan en el desempeño de sus funciones, el uso de armas por parte de los mismos.
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