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El Gobierno aún no sienta postura sobre las conversaciones con Brasil por Itaipú. No obstante, los técnicos y políticos encienden el debate con dos posiciones contrarias: ser exigentes o ser flexibles.
Al Gobierno paraguayo le quedaría poco más de dos años para lograr un acuerdo con Brasil, en el marco de la revisión del Anexo C de Itaipú, si se toma en cuenta la advertencia hecha por el Instituto de Profesionales Paraguayos del Sector Eléctrico (Ippse). El gremio señaló que, en setiembre de 2021, Itaipú ya tiene que elaborar su presupuesto para el 2022, ejercicio en el que prácticamente ya estará saldada la deuda de la binacional con el Estado brasileño.
Salvo la designación de Jeffrey Sachs como asesor, la administración de Mario Abdo Benítez todavía no ha establecido un postura oficial sobre el tema, lo que hace que crezcan las suspicacias y se multipliquen las opiniones de los entendidos del sector energético nacional, quienes van participando en diversos foros.
En ese sentido, dos claras posiciones han aflorado en los últimos meses. Una de ellas propugna que Paraguay se ponga firme en las exigencias al Brasil, iniciando por la venta del excedente de energía a terceros países a precio de mercado (previa modificación del Tratado) o, la contratación del 100% de la energía paraguaya, para luego vender al mercado brasileño a valores más elevados. La idea es apoyada por varios técnicos.
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