En estos tiempos tan difíciles, resulta aun más afrentoso e indignante que quienes ejercen altos cargos en la función pública gocen de una serie de privilegios presupuestados a costa del contribuyente. Aparte de que cobran unos sueldos envidiables por trabajar poco y mal, de que viajan al exterior para asistir a eventos realizados en centros turísticos, sin ningún aporte para el pueblo que financia esos viajes, de que cuentan con protección policial personalizada o de que tienen un seguro médico privado de primer nivel, disponen de unos generosos cupos de combustible, de los que hacen uso con toda discrecionalidad, dado el descontrol reinante.
Repudiables privilegios de ministros, legisladores y otras autoridades
En tal sentido, es revelador que si cada uno de los ochenta diputados puede malgastar hasta 3.500.000 de guaraníes mensuales para trasladarse a cualquier lugar y por cualquier motivo, lo que supone un total de 3.960 millones de guaraníes anuales, los nueve ministros de la Corte Suprema de Justicia pueden derrochar en un mes hasta 4.760.000 per cápita, esto es, 514.080.000 guaraníes al año, en conjunto. A diferencia de la enorme mayoría de los diputados, los ventajistas de la máxima autoridad judicial, cuyos ingresos mensuales rondan los 40.000.000 de guaraníes, residen en Asunción y solo...
El despilfarro en materia de combustibles, en el que también participan los ministros del Poder Ejecutivo y los directores de Petropar y muchos otros capitostes, desangra notablemente el erario y se presta a corruptelas varias. La remuneración mensual debería bastarles para costear el viaje de ida y vuelta a las respectivas oficinas, en sus propios vehículos. Un ministro de la Corte percibe, además, seis millones de guaraníes mensuales en concepto de “gastos de representación”, para cubrir, por ejemplo, los que conlleva el traslado a algún acto protocolar al que fue invitado en dicho...
Es de recordar que el art. 10 de la ley citada prescribe que su incumplimiento “será sancionado conforme a las responsabilidades administrativas y penales”, y que el Ministerio Público debe “abrir la investigación correspondiente de oficio y/o a denuncia de la Contraloría General de la República”. Ha llegado la hora de que estas instituciones intervengan de una vez para poner coto a una práctica asquerosa, que se reitera cada año con la inclusión en el Presupuesto de unas abultadas sumas que carecen de la menor justificación moral y legal. Se trata de un robo apenas disfrazado, que hoy...
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