En el 2012 se aprobó la Ley Nº 4758 del Fonacide (Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo) que reglamenta la utilización de los recursos provenientes de la Itaipú Binacional por la cesión de la energía paraguaya al Brasil que se incrementó de USD 120 millones a USD 360 millones luego de su renegociación por ambos gobiernos. Se buscaba el blindaje de estos recursos y su aplicación exclusiva a inversiones en infraestructura, al desarrollo del capital humano (educación y salud) y a incrementar la inversión privada a través del crédito a largo plazo por medio de la AFD. Primero, reorientar el 25% de los recursos (USD 85 millones anuales) que hoy son administrados por las gobernaciones y municipios a su administración por parte del MEC para su aplicación en infraestructura y almuerzo escolar. Los paraguayos debemos tener conciencia de que los recursos públicos son escasos y el mayor o menor ritmo de desarrollo depende de la rigurosidad y disciplina en la asignación y aplicación de los mismos.
Esta semana el Congreso aprobó una reprogramación presupuestaria para que Petróleos Paraguayos (Petropar) pueda realizar ajustes salariales y bonificaciones a sus funcionarios, de contramano con el discurso oficial y la demanda ciudadana de mayor austeridad fiscal. El proyecto de ley fue iniciativa de dos diputados y no fue analizado por el Consejo de Empresas Públicas, ni por el Ministerio de Hacienda. Lo más apropiado por parte del Poder Ejecutivo sería vetar la ley y ordenar la inmediata transferencia de esos recursos al Tesoro para cubrir una parte del abultado déficit fiscal de este año.
Como este, hay una serie de recursos públicos que están asignados a usos o instituciones que no redundan en servicios públicos que mejoren el bienestar de la ciudadanía, o lo hacen de una manera altamente ineficiente y costosa.
Estos deben ser revisados y redireccionados para su optimización, mencionaré solo algunos.
En el año 2010, se aprobó la Ley Nº 3984 de distribución de royalties provenientes de Itaipú y Yacyretá. Por esta ley, el 50% de estos recursos que ingresan al Estado paraguayo deben ser distribuidos a las distintas gobernaciones y municipios de todo el país.
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