Un total de 13 gremios empresariales coinciden en que el proyecto de ley de duty free, que pretende aplicar 4% de impuesto hasta 15 km de la frontera, no solo es inconstitucional, sino además, de aprobarse, sería nocivo para la salud y para la economía nacional.
Los efectos nocivos que tendrá una eventual aprobación del proyecto de ley “de tiendas libres de impuesto en franjas fronterizas”, también conocido como duty free, expusieron ayer 13 gremios, a través de un comunicado. El empresariado reiteró su rechazo a la iniciativa de los senadores Arnaldo Franco (ANR cartista), Zulma Gómez (PLRA llanista), Enrique Bacchetta (ANR Añetete) y otros, quienes pretenden un régimen impositivo diferenciado para la frontera del país.
El proyecto plantea que los comercios paguen 4% de impuesto hasta 15 km de la frontera, mientras que en el resto del Paraguay, los empresarios abonan más de 12%, y esta diferencia es uno de los principales cuestionamientos, pues hablan de que promovería el contrabando al significar “enormes beneficios para un pequeño grupo privilegiado de empresarios de frontera y no para la mayoría del país”.
“Consideramos inconstitucional por atentar contra los principios de igualdad ante la ley y de libertad de concurrencia económica. Sostenemos que el proyecto, en caso de ser aprobado en los términos actuales, tendrá un efecto negativo para la economía nacional, pues hará disminuir drásticamente la recaudación del Estado, pondrá en peligro la salud pública y generará desigualdad en el comercio paraguayo”, dice parte del comunicado firmado por 13 gremios.
Pero, además del aspecto impositivo, los gremios ponen énfasis en la falta de control de alimentos, que representaría un peligro para los consumidores paraguayos. “Se tendrán productos –alimentos, bebidas, artículos de tocador y otros– no controlados por el INAN y por Dinavisa en las ciudades fronterizas, lo que representará una debilitación de las referidas instituciones del Estado. El control de la cadena alimenticia y de productos químicos es una obligación para el Estado y un derecho para el ciudadano conforme lo establece el Artículo 72 de la Constitución Nacional”, resalta la nota.
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