Desplazamiento de todo un pueblo, deforestación de árboles nativos, riesgo de desaparición de fuentes de agua y agresión a la naturaleza, entre otras cuestiones, forman parte de la denuncia hecha por Bernarda Proa que lidera la comunidad indígena Qom, denominada Santa Rosa, asentada en el departamento de Presidente Hayes. La presentación de la denuncia fue hecha durante una reunión virtual con los Senadores Juan Afara, Presidente de la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (CONADERNA), Miguel Rodríguez, Presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas y Sixto Pereira, Presidente de la Comisión de Energía, también estuvieron presentes en esta reunión representantes del Instituto Nacional del Indígena (Indi), Instituto Forestal Nacional (Infona), Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (Fapi) y de la organización no gubernamental Fundación Paraguaya, responsable del proyecto.
Desplazamiento de todo un pueblo, deforestación de árboles nativos, riesgo de desaparición de fuentes de agua y agresión a la naturaleza, entre otras cuestiones, forman parte de la denuncia hecha por Bernarda Proa que lidera la comunidad indígena Qom, denominada Santa Rosa, asentada en el departamento de Presidente Hayes. Según denunció, el proyecto de la ONG Fundación Paraguaya, requiere ocupar 20 hectáreas de la comunidad indígena y apuntaría a la comercialización de madera por diez años; la ejecución del proyecto implica la deforestación de árboles nativos muy utilizados por los nativos...
Proa dijo que temen las consecuencias que esto podría ocasionar al delicado ecosistema local, “puede ser que el agua se termine, altera nuestra cultura y forma de vida”. Agregó que están “muy preocupados” porque mediante el uso de tractores ya iniciaron los trabajos de desmonte, afectándose además las cañerías que proveen de agua potable a la comunidad, y avanzando incluso sobre el cementerio, que consideran como un lugar sagrado.
La representante del pueblo Qom aseguró que el proyecto sólo cuenta con el apoyo de dos líderes de un total de ocho aldeas existentes en el territorio Qom del distrito de Benjamín Aceval. También aseguró que para la implementación del proyecto se pasaron por alto las leyes que garantizan que no se pueden realizar ningún tipo de actividades en territorio indígena sin una consulta previa, libre e informada con la comunidad.
Mencionó así la Ley 904 de Comunidades Indígenas y el decreto 1039, por el cual se aprueba el “Protocolo para el Proceso de Consulta y Consentimiento Libre, Previo e Informado con los Pueblos Indígenas que habitan en el Paraguay”, la Constitución Nacional y todos los convenios y protocolos que amparan sus derechos de vivir en un ambiente saludable.
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