Con bombos y platillos, el Gobierno cartista de Santi Peña convocó a la cumbre de poderes y de organismos de control para una mejor lucha anticorrupción, pero todo queda supeditado a la voluntad política y a la última palabra de HC, como quedó demostrado con la decisión de la Corte Suprema de aplicar el viejo manual de Javier Zacarías Irún, para “puentear” a la Contraloría y dejar que el Tribunal de Cuentas sea el que analice y juzgue la gestión administrativa del exvicepresidente de la República, Hugo Velázquez, quien al igual que Horacio Cartes fue declarado “significativamente corrupto” por Estados Unidos, y ambos son pasibles de ser investigados judicialmente por dicho motivo. Es que resulta dudoso que el cartismo pueda tolerar una acción independiente de los organismos supra poderes, como la Contraloría y la Fiscalía, que más que nunca se encuentran ante el desafío mayúsculo de asumir su rol constitucional con el fin de llevar a cabo, precisamente, una eficaz lucha no sólo contra la corrupción y la impunidad, sino también contra los más nefastos flagelos actuales de la sociedad, como son la delincuencia organizada, todos los tráficos y el lavado de dinero, que tienen a los políticos como sus principales impulsores y protectores. Así, no fue ninguna casualidad que la misma Corte Suprema, cuyo presidente César Diesel participa de la cumbre anticorrupción, acordase por mayoría en su sala constitucional donde el citado ministro es miembro, que la Contraloría no sea la que audite la gestión pasada del saliente vicepresidente Hugo Velázquez, sino el Tribunal de Cuentas, lo que trajo a la memoria la conocida práctica de la época de Javier Zacarías Irún en la intendencia de Ciudad del Este, donde sólo pudo dar su visto bueno de las cuentas municipales dicha instancia del Poder Judicial, por supuesto aprobando de punta a punta los números de la cuestionada administración de los ZI, y sin que asomasen la nariz por la municipalidad esteña los fiscalizadores de la CGR (Contraloría General de la República) Resulta sintomático que el cartismo esté adoptando ya en forma sistemática el “manual” de Zacarías Irún, cuando la prioridad del Patrón HC es su defensa ante el embate norteamericano, donde también está afectado el exvicepresidente Hugo Velázquez, y cuando ambos supuestamente ya tienen en danza las carpetas fiscales investigativas desde el inicio de la gestión del nuevo fiscal general, Emiliano Rolón, el cual está obligado a investigar de oficio e “in situ” las acusaciones contenidas en los informes de Estados Unidos, que por otro lado ya se encuentran en poder de los fiscales paraguayos.
Javier Zacarías Irún y Santiago Peña acompañan a Horacio Cartes durante un acto oficial. El cartismo quiere aplicar con el nuevo gobierno un plan anticorrupción, pero a la vez adopta un mecanismo de blindaje utilizado por ZI.
Con bombos y platillos, el Gobierno cartista de Santi Peña convocó a la cumbre de poderes y de organismos de control para una mejor lucha anticorrupción, pero todo queda supeditado a la voluntad política y a la última palabra de HC, como quedó demostrado con la decisión de la Corte Suprema de aplicar el viejo manual de Javier Zacarías Irún, para “puentear” a la Contraloría y dejar que el Tribunal de Cuentas sea el que analice y juzgue la gestión administrativa del exvicepresidente de la República, Hugo Velázquez, quien al igual que Horacio Cartes fue declarado “significativamente corrupto”...
Una de cal y otra de arena, en relación al objetivo de unir fuerzas contra la corrupción y la impunidad, porque con esta iniciativa se dio un positivo arranque a la nueva gestión gubernativa, aunque también apareció en simultáneo la contradicción que puede ir carcomiendo las buenas intenciones del gobierno de Santiago Peña, como es el caso de la vieja práctica de manipular la Justicia de acuerdo a los intereses de la claque corrupta que medra con el poder político de turno.
Sólo que esta vez se pone a prueba el unicato cartista, que se nota muy avasallante en el Gobierno, el Congreso e incluso en el Poder Judicial, y en momentos en que no hay casi oposición. Es que resulta dudoso que el cartismo pueda tolerar una acción independiente de los organismos supra poderes, como la Contraloría y la Fiscalía, que más que nunca se encuentran ante el desafío mayúsculo de asumir su rol constitucional con el fin de llevar a cabo, precisamente, una eficaz lucha no sólo contra la corrupción y la impunidad, sino también contra los más nefastos flagelos actuales de la...
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