Abogados presentaron un amparo para que un juez autorice a la Contraloría General de la República a publicar las declaraciones juradas de funcionarios públicos y proveedores del Estado ligados a compras en el marco de la emergencia decretada por la pandemia del coronavirus. El contralor general había negado la posibilidad de solicitar él mismo la autorización.
Los abogados Natalia Gagliardone y Federico Legal Aguilar presentaron un amparo ante el Poder Judicial para solicitar la autorización jurisdiccional necesaria para que la Contraloría General de la República haga públicas, en su página web, las declaraciones juradas de bienes y rentas de los funcionarios públicos y proveedores que forman y formarán parte de los procesos de compra de bienes y servicios ligados directamente a la lucha contra el COVID-19.
El juez Mirko Valinotti, del Juzgado Penal de Garantías del Décimo Turno de Asunción, deberá resolver el caso.
El pedido judicial de los casos se da luego de que el contralor general, Camilo Benítez Aldana, se negara a solicitar él mismo a un juez la autorización judicial, tal como le habían planteado periodistas, abogados y activistas de la sociedad civil.
Periodistas, abogados y actividades de organizaciones de la sociedad civil habían remitido una nota al contralor Benítez, pidiendo que él mismo solicite la publicidad de las declaraciones juradas de quienes manejarán fondos en el marco de la emergencia decretada por la pandemia del COVID-19.
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