Petropar estuvo a punto de pagar más de US$ 8 millones a Texos Oil sin siquiera tener un dictamen que explique por qué la operación sería ventajosa para el Estado paraguayo y por qué la firma argentina tendría razón en su reclamo, de modo a que se justifique un acuerdo extrajudicial, según resalta la resolución de Senac.
En el fallido pacto entre Petropar y la empresa argentina Texos, en el que tuvo activa participación la Procuraduría General de la República (PGR), no se tuvo el documento principal que justifique la operación, según el análisis que se desprende de la resolución N° 28/2021 de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), fechada el pasado 2 de febrero. Faltó el dictamen donde se debía explicar por qué la firma del país vecino tenía supuestamente razón en su reclamo y ganaría eventualmente en la instancia judicial, lo que derivaría en la necesidad de llegar al acuerdo extrajudicial que sea...
En 2011, Texos Oil SRL demandó a la estatal por US$ 31 millones, por supuestos “daños y perjuicios” al no firmarse un contrato tras una adjudicación para provisión de gasoíl por vía terrestre, que data de 2009 (gobierno de Fernando Lugo). En ese entonces, no se rubricó el contrato de US$ 68 millones porque el capital de la empresa era de solo 10.000 pesos en la Argentina. Y esta cuestión de fondo debía ser analizada en un dictamen, que no se hizo, pero aún así se firmó el acuerdo que iba implicar pagar US$ 7 millones más US$ 1,3 millones por impuestos.
Es por eso que la Senac recomienda un sumario administrativo a todos los funcionarios involucrados en el caso, que incluyen al presidente de Petropar, Denis Lichi, como firmante del acuerdo; el exasesor jurídico de la petrolera, Alberto Mendoza; el exprocurador general, Sergio Coscia, como impulsor del pacto; la asesoría jurídica de la PGR (hoy figuran Rodolfo Barrios y María José Gill); Abel Germán Ávalos, el abogado misterioso que iba a cobrar en nombre de Texos 40% de los US$ 7 millones y que resultó ser funcionario de Justicia Electoral.
En este sentido, Anticorrupción encuentra que Ávalos pudo haber incurrido en el cobro indebido de honorarios o la tentativa de este hecho punible. Eso, considerando que es un funcionario permanente de Justicia Electoral, donde el funcionariado se rige por el Código de Organización Judicial, que prohíbe expresamente ejercer otras funciones.
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