Paraguay goza de ciertas condiciones y ventajas competitivas claves que lo podrían situar entre las economías más prometedoras de la región. Su estabilidad macroeconómica, con crecimiento promedio de 4,5% en los últimos 10 años, además de una controlada inflación, baja presión fiscal (tributaria y no tributaria, cercana al 20% del PIB), disponibilidad de energía limpia y barata, así como mano de obra joven y accesible, son componentes ideales para la expansión de una economía como la nuestra. Sin embargo, su frágil institucionalidad termina por convertirse en la mayor traba para explotar su potencial, atraer más capitales y alcanzar el anhelado grado de inversión.
Cuando se habla de falencias a nivel de instituciones, esta involucra desde su débil funcionamiento, la insuficiente prestación de servicios básicos que brindan a la sociedad, hasta el incumplimiento de determinadas normativas que rigen en el país. Todos estos ejes engloban a la seguridad jurídica, pero que en Paraguay son los principales puntos cuestionados, no solo por el sector privado, sino por las calificadoras de riesgo.
Al respecto, las tres agencias del mundo y que califican a Paraguay, Standard & Poor’s (S&P), Moody’s Investor Services (Moody’s) y Fitch Ratings (Fitch) consideran indicadores específicos. Entre ellos, el riesgo económico, de efectividad institucional y de gobierno, así como el riesgo del sistema financiero y de cultura de pago/ejercicio de la ley.
A su vez, la medición del riesgo político contempla el funcionamiento efectivo institucional del gobierno y considera una serie de factores en su medición tales como: I) Efectividad, estabilidad y previsibilidad de las instituciones políticas y del diseño de políticas del soberano (el factor principal); II) Transparencia y rendición de cuentas de las instituciones (el factor secundario) y, III) Factores de ajustes potenciales, como la cultura de pago del gobierno y los riesgos de seguridad externa.
Cabe remarcar que las principales calificadoras de riesgo crediticio coinciden en que el principal obstáculo de rating de Paraguay son sus débiles instituciones. De hecho, en su última revisión, Standard & Poor’s había indicado que uno de los principales desafíos para el Paraguay sigue siendo la mejora de su institucionalidad.
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