El asesor jurídico de la Presidencia de la República, Eduardo González, presentó los lineamientos principales de un proyecto de ley
El asesor jurídico de la Presidencia de la República, Eduardo González, presentó los lineamientos principales de un proyecto de ley que será remitido al Congreso Nacional con el objetivo de crear un régimen especial y transitorio de administración temporal de hasta ocho meses para las empresas vinculadas a entidades financieras cuya resolución haya sido dispuesta por el Banco Central del Paraguay.
La iniciativa busca llenar un vacío de la vigente Ley N.º 2334/03, normativa que faculta a la banca matriz a asumir el control de un banco en crisis pero no contempla mecanismos específicos para resguardar a las sociedades comerciales vinculadas, exponiéndolas a la pérdida de valor de sus activos y al cese de operaciones. En ese sentido, el texto propone crear un Consejo de Supervisión de Sociedades Vinculadas —integrado de forma no remunerada por representantes de la Presidencia, los ministerios de Industria y Comercio, Economía y Finanzas, Trabajo y el BCP— que actuará de manera...
El mecanismo se activará exclusivamente cuando el BCP disponga la resolución de una entidad regida por la Ley N.º 861/96, aplicándose únicamente sobre aquellas firmas que cumplan los criterios técnicos de vinculación y control utilizados por el supervisor financiero, excluyendo a empresas con meras relaciones comerciales en condiciones de mercado. Durante la vigencia del régimen, cada sociedad quedará bajo el mando de un administrador profesional independiente, procediéndose al cese inmediato de sus directores, gerentes y apoderados generales, quienes deberán entregar los libros, documentos...
Para evitar maniobras de vaciamiento patrimonial, el proyecto establece que desde el primer requerimiento de información quedarán prohibidas la venta de bienes registrables, la constitución de gravámenes, la distribución de dividendos y el pago de créditos a accionistas. Asimismo, se habilita la vía judicial para declarar la inoponibilidad de transferencias o garantías otorgadas previamente a personas relacionadas, exigiendo además tasaciones independientes y convocatorias públicas para cualquier enajenación de activos bajo administración temporal, cuya gestión deberá ser rendida mensualmente.
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