La Cancillería Nacional pagará igual a dos abogados uruguayos la suma de US$ 7.320, pese a que estos profesionales contratados por la Embajada en Montevideo no impidieron que los prófugos de la justicia paraguaya por secuestro Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán viajen a Finlandia.
La Embajada paraguaya de Montevideo, Uruguay, a cargo del político nicanorista Rogelio Benítez, contrató en agosto pasado a los abogados charrúas Enrique Falco Iriondo y Álvaro Garco García para asistir a nuestro país en el pedido de extradición, pero sin embargo el 9 de octubre pasado los prófugos de la justicia por secuestro viajaron a Finlandia, donde consiguieron refugio.
Pese al sonado fracaso, el canciller Antonio Rivas Palacios firmó la resolución N° 1077, del 11 de octubre último, por la que ordena el envío a la Embajada paraguaya de Montevideo de la suma de US$ 7.320 (unos 46 millones de guaraníes al cambio actual) para pagar los honorarios profesionales de los juristas uruguayos.
La resolución, al que tuvimos acceso, autoriza a la Dirección General de Administración y Finanzas de la Cancillería a remitir a la embajada paraguaya el mencionado monto “en concepto de fondos adicionales para gastos de operación y mantenimiento”.
En el considerando se detalla que el importe a cada profesional es de 3.000 más el 22% de IVA en la moneda norteamericana. Es “en razón de la asistencia y patrocinio letrado que ambos prestaran” en el proceso de extradición, tramitado ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 34° turno de la República Oriental del Uruguay, según el documento. Aclara también que el recurso saldrá de “fuente de financiamiento 30, recursos institucionales”.
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