Paraguay es un país joven con un Estado viejo. Mientras más del 60% de la población tiene menos de 30 años, el 65% de los funcionarios públicos pasaron los 55 años. Esta es una buena y una mala noticia a la vez. Por un lado, es una oportunidad histórica para construir un aparato público eficiente, garantizando esta vez que quienes ingresen a la función pública lo hagan por concurso. Por el otro, es un terremoto financiero en ciernes, porque si no se reforma el sistema previsional del Estado, el déficit de la Caja Fiscal se comerá la mayor parte del presupuesto público.
Para entender la magnitud del problema que se avecina, basta con revisar la crisis que se desató en el Ministerio de Educación en marzo pasado. Desde el 2013, el número de docentes que se acogían a la jubilación se mantenían en un promedio de 200 o 300 por mes; en marzo salieron ¡1.318! Y esta es apenas la punta del iceberg. En este momento hay ya más de ocho mil maestros que cumplieron los requisitos para jubilarse y que tienen el visto bueno de Hacienda. Solo precisan presentar su renuncia a la cartera de Educación y pueden irse mañana mismo a sus casas.
El culebrón que vive hoy el ministro Eduardo Petta es un poroto al lado de lo que puede pasar si todos ellos –o la mitad– deciden abandonar las aulas este año. Cargarle toda la responsabilidad al secretario de Estado de esta consecuencia lógica del envejecimiento del estamento docente y de la falta de una política pública para enfrentarla es simple oportunismo político. Si revisamos la estadística del MEC, podemos ver que el número de jubilaciones anuales había venido creciendo de manera gradual hasta que se disparó abruptamente a inicios de este año. Esto tiene una explicación simple. La...
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