El intendente de Asunción, Oscar Nenecho Rodríguez, recusó al fiscal Silvio Corbeta por su supuesta falta de objetividad en la investigación penal por la presunta compra sobrefacturada de detergentes duranta la pandemia de covid-19. Agrega que, hace 3 años, desde el 2021, la causa está a cargo del referido agente del Ministerio Público y que no se ha expedido al respecto. Sin embargo, es importante aclarar con relación a este punto, que anteriormente la carpeta la tenía otro fiscal y que las diligencias, recién ahora, son impulsadas por Corbeta, a quien los indagados buscan apartar de sus respectivos casos. Lo mismo hicieron, por ejemplo, el senador Erico Galeano y el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, entre otros “peces gordos”.
Para el jefe comunal capitalino, el agente de la Unidad Contra Delitos Económicos y Anticorrupción habría incurrido en las causales contempladas en los artículos 54 y 57, inciso b del Código Procesal Penal, el primero referente a la correcta aplicación de la ley y el segundo las circunstancias específicas que comprometen sus criterios de actuación.
Nenecho señala que el agente fiscal, cuya separación pretende, desde el año 2021 tomó conocimiento de la Nota de la Contraloría del 1 de diciembre de 2020 y proporcionada por la propia Municipalidad e ingresada a través de la mesa de entrada de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, como expediente Nº 6886. Agregó que la DINCP emitió un “dictamen fulminante y lapidario respecto a que no ha existido ningún hecho punible que haya podido cometer algún funcionario de la Municipalidad de Asunció”.
Del Dictamen Técnico remitido por la Contraloría General de la República, se desprende supuestas irregularidades en los procesos de contratación llevados a cabo por la Municipalidad de Asunción en el periodo de enero a diciembre del 2020 en el marco de la Emergencia Nacional declarada por Pandemia COVID-19 utilizando fondos presupuestarios del objeto de Gasto 831 «Aportes a Entidades con Fines Sociales y al fondo nacional de emergencia».
Se aclara que, los procedimientos licitatorios referidos en el citado informe no se rigen por las reglas y procedimientos establecidos en la Ley 2051/03 De Contrataciones Públicas, teniendo en cuenta que el rubro afectado se halla previsto en el Objeto de Gasto 831 Aportes a entidades con fines sociales y al fondo nacional de emergencia, conforme lo menciona el propio Informe Técnico de Contrataciones DGCCPE N°45/2021”, expuso el dictamen de Contrataciones.
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